Guatemala’s Highest Court to Hear Landmark Indigenous Challenge against Mining Law
Guatemala’s Highest Court to Hear Landmark Indigenous Challenge against Mining Law
(Español sigue abajo)
Three weeks ago, President Otto Pérez Molina proposed controversial reforms to the current law, including direct state participation in mining projects. He also lifted the previous administration’s moratorium on the approval of new concessions. The moratorium dates back to 2008 when the Constitutional Court ruled that seven articles in the mining law are unconstitutional, stalling approval of any new licenses until national consensus could be reached on mining reforms.
Only six months into its mandate, the administration of Pérez Molina has already approved 68 new exploration and exploitation licenses. In total, 387 mining concessions have been granted with another 734 pending, many on indigenous territory.
“In 1996, the Government of Guatemala ratified the International Labour Organization’s Convention 169 on the rights of indigenous peoples and signed the Agreement on the Rights and Identity of Indigenous Peoples as part of the Peace Accords. Its obligation to respect the rights of indigenous peoples in this country is long overdue,” said Francisco Mateo Morales of CPO. “This is a historic opportunity for Guatemala’s highest court to uphold indigenous rights.”
The lack of prior consent and consultation at the project and policy level is at the root of much conflict and violence in Guatemala’s mining sector. Over 70 municipalities have held referendums in which nearly a million people having voted against mining in their territories, but neither the government nor mining companies have respected the results. Meanwhile, targeted attacks and criminalization against those opposed to mining has intensified.
In Guatemala’s northwest, Goldcorp’s Marlin mine has been the site of conflict since prior to going into operation in 2005 and multiple international human rights bodies have recommended its suspension for failure to obtain the consent of affected Maya Mam and Sipakense indigenous peoples, as well as threats to local water supplies and public health. A People’s Health Tribunal also found last week that Goldcorp should suspend its operations as a result of such risks.
In eastern Guatemala, in the municipality of El Estor, the dispute over the Fénix nickel mine has led to three lawsuits against HudBay Minerals in Canadian courts, arising from the rape of eleven women during a violent eviction of the community of Lote Ocho in January 2007, and the murder of community activist Adolfo Ich and wounding of Germán Choc in September 2009.
Near the capital city, community members from the municipalities of San José del Golfo and San Pedro Ayampuc are sustaining a now four-month blockade against the entry of Vancouver-based Radius Gold. Local spokespeople have filed repeated complaints for threats received, while Yolanda Oquelà was recently shot and wounded in a drive-by attack when leaving the blockade on June 13th.
In the southwestern municipality of San Rafael de las Flores, at the site of Tahoe Resources’ Escobal project, community members who gathered some 1,000 signatures for a local referendum over mining were forced out of the committee responsible for overseeing the consultation process.
“International law clearly protects the rights of indigenous peoples to be consulted over legislation that affects their territories,” said Kris Genovese, Senior Attorney with the Center for International Environmental Law in Washington D.C. “A favourable ruling in this case is a necessary step to address existing conflicts and to demonstrate to the international community that the rule of law exists in Guatemala.”
The Constitutional Court will have twenty days to rule on the case after the hearing. In the event that the Court does not rule in their favor, the CPO will bring the case before the Inter-American Commission on Human Rights, having exhausted all domestic recourse to halt violations to human and indigenous rights as a result of the mining law.
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Contacts:
- Kris Genovese, Center for International Environmental Law (CIEL), kgenovese(at)ciel.org, (202) 742-5832
- Jennifer Moore, MiningWatch Canada, jen(at)miningwatch.ca, 613-569-3439
Corte Constitucional de Guatemala convoca audiencia en caso histórico en contra de la Ley Minera 20 de julio de 2012 (Washington D.C./Guatemala City) Hoy, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala llevará a cabo una audiencia en un caso que cuestiona la constitucionalidad de la ley minera de 1997 por falta de consultación con los pueblos indÃgenas del paÃs, quienes constituyan más de la mitad de su población. La demanda, presentado por el Consejo de los Pueblos de Occidente (CPO), argumenta que tanto la ley nacional como la ley internacional requiere que el gobierno consulte a los pueblos indÃgenas antes de aprobar polÃticas que tendrán impactos significativos sobre sus territorios. - 30 - Contactos: email: jen@miningwatch.ca
Hace tres semanas, el Presidente Otto Pérez Molina propuso reformas contravertidas a la ley minera actual, incluÃdo la participación del Estado en los proyectos mineros. También, levantó la moratoria interpuesta por la administración anterior sobre el otorgamiento de concesiones mineras nuevas. La moratoria empezó en 2008 cuando la Corte de Constitucionalidad falló en contra de la constitucionalidad de siete artÃculos en la ley minera, postergando la aprobación de cualquier licencia minera nueva hasta que se pudiera lograr consensos sobre las reformas mineras.
Después de solamente seis meses del nuevo gobierno, la administración de Pérez Molina ya ha aprobado 68 nuevas licencias para la explotación y exploración minera. En total, se han otorgado 387 concesiones mineras hasta la fecha, con 734 en trámite, muchos en territorios indÃgenas.
“En 1996, el gobierno de Guatemala ratificó el Convenio 169 sobre los derechos de los pueblos indÃgenas de la Organización Internacional de Trabajo y firmó el Acuerdo sobre los Derechos y la Identidad de los Pueblos IndÃgenas como parte de los Acuerdos de Paz. Hace mucho que se deberÃa cumplir con su obligación para respetar los derechos de los pueblos indÃgenas de este paÃs,” dijo Francisco Mateo Morales del CPO. “Esta es una oportunidad histórica para la corte superior de Guatemala.”
La falta de consulta y consentimiento previo a nivel de las polÃticas y de los proyectos en el sector minero guatemalteco es al raÃz de mucho conflicto y violencia. Hasta la fecha, más que 70 municipalidades han convocado consultas populares en donde casi un millon de personas han votado en contra de la minerÃa en sus tierras y territorios, pero ni el gobierno ni las empresas mineras han respetado los resultados. Mientras tanto, la violencia y la criminalización de los que se oponen a la minerÃa siguen creciendo.
En el noroeste de Guatemala, la mina Marlin de la empresa minera Goldcorp ha sido sitio de conflicto desde hace antes de entrar en operación en 2005, y por lo tanto diversos organismos de los derechos humanos a nivel internacional han recomendado que se suspende la mina por falta de obtener el consentimiento de los pueblos indÃgenas Maya Mam y Sipapakense, además por amenazas a las fuentes de agua y la salud pública. El Tribunal Popular Internacional de la Salud llevado a cabo en la municipalidad de San Miguel Ixtahuacán hace una semana también falló que Goldcorp deberÃa suspender sus operaciones debido a tales riesgos.
En el este de Guatemala, en la municipalidad de El Estor, el conflicto sobre la mina de niquel Fénix ha resultado en tres demandas en contra de la empresa minera HudBay Minerals ante las cortes canadienses. Las demandas interpuestas refieren a la violación de once mujeres durante el despojo forzado de la comunidad de Lote Ocho en enero de 2007, y el asesinato del lÃder comunitario Adolfo Ich y el herido de Germán Choc en septiembre de 2009.
Cerca la capital de Guatemala, miembros de las municipalidades de San José de Golfo y de San Pedro Ayampuc mantienen un bloqueo en contra de la entrada de la empresa minera Radius Gold con sede en Vancouver. Voceros locales han registrado denuncias por amenazas recibidas, mientras que Yolanda Oquelà se encuentra recuperando de que dos sujetos le disparó el 13 de junio cuando estaba saliendo del bloqueo.
En la municipalidad suroeste de San Rafael de las Flores, en donde Tahoe Resources quiere realizar su proyecto Escobal, terceras partes respaldadas por la empresa han utilizado procesos judiciales en contra de un grupo de organizadores comunitarios quienes recogieron unos 1,000 firmas para que la municipalidad convoque una consulta vecinal para que ellos no pudieron participar en la comisión responsable de vigilar el proceso de consulta.
“La ley internacional claramente protege los derechos de los pueblos indÃgenas a ser consultados sobre legislación que afectará sus territorios,” comentó Kris Genovese, abogada en el Centro para el Derecho Ambiental Internacional en Washington D.C. “Un fallo favorable en este caso serÃa un paso necesario para atender los conflictos existentes y para demostrar a la comunidad internacional que el estado de derecho existe en Guatemala.”
La Corte Constitucional tendrá veinte dÃas hábiles después de la audiencia para emitir su fallo. En el caso de que la Corte no emita un fallo en su favor, el CPO recurrirá a la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos, habiendo agotado los recursos legales disponibles en el paÃs para atender las violaciones a los derechos humanos e indÃgenas como resultado de la ley minera.
Latin America Program Coordinator
MiningWatch Canada
www.miningwatch.ca
tel: 613.569.3439 / fax: 613.569.5138